El concurso de acreedores, herramienta de viabilidad

Escrito por Isaías González el 28/03/2016

El concurso de acreedores debe ser una herramienta mercantil que permita viabilizar la sociedad.

“El convenio es la solución normal del concurso...puede ser el instrumento para salvar las empresas que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses...”.

De este modo, la exposición de motivos de la Ley Concursal (LC) ofrece a las sociedades de capital –a ellas me referiré en este artículo, aunque también se pueden acoger a la LC las personas naturales, empresarias o no- una herramienta legal a la que poder acudir en el caso de enfrentarse a una situación de insolvencia, aquella que aflora al no poder atender puntualmente a sus obligaciones exigibles- y que permitiría, no un saneamiento de la empresa, sino una reestructuración de la misma, con el objetivo de mantener su funcionamiento.

Así, una vez declarado el concurso, se consideraran vencidas las obligaciones a plazo que no podrán ser satisfechas hasta alcanzar un acuerdo con los acreedores –el denominado convenio concursal- y se logrará el cese del devengo de intereses, pero, además, la compañía concursada podrá realizar, entre otras medidas, una reducción de su personal para adaptarlo a su nueva realidad económica o actividad productiva, resolver contratos con prestaciones reciprocas pendientes de cumplimento, así como paralizar las acciones individuales promovidas por los acreedores contra el patrimonio de la empresa o suspender las ejecuciones iniciadas con anterioridad a la declaración de concurso.

Será, por lo tanto, la decisión de presentar ante el Juzgado de lo Mercantil la solicitud de concurso, previo análisis de la situación de la compañía y sus necesidades para alcanzar su viabilidad, el hito fundamental a la hora de acogerse a la LC.

En este sentido, una administración profesional de la empresa, un conocimiento veraz, puntual y dinámico de su cuota en el mercado y de la realidad económica de su entorno, así como una gestión óptima de sus necesidades de financiación y capitalización y de su tesorería, resultan aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de gestionar con eficacia la entrada en concurso de acreedores;  a todo ello debe sumársele la elaboración de un estudio preliminar sobre la viabilidad del negocio, de tal modo que se pueda afrontar con garantías la subsistencia de la empresa en el seno del procedimiento.

Por lo tanto, el concurso de acreedores debe ser una herramienta mercantil a la que, accediendo en el momento adecuado, permita viabilizar la sociedad mediante su solución “normal”: la obtención de un convenio o acuerdo con los acreedores.

El denominado convenio es un contrato que obliga recíprocamente a los acreedores y al concursado, oneroso -al otorgarse igualmente ventajas- y único -al afectar sus clausulas a todos los acreedores por igual- que contiene una reducción o aplazamiento de los créditos, a través de quitas y esperas.

En consecuencia, los efectos que produce el concurso en la empresa van encaminados a obtener su viabilidad y, en cierto modo, la máxima satisfacción a los acreedores.

Pero, entonces, ¿por qué la estigmatización de la empresa concursada?

La respuesta es sencilla: Las estadísticas muestran que un porcentaje mayoritario de los concursos termina en liquidación y que, por lo tanto, la mayor parte de los acreedores no percibirán gran parte de sus créditos o no cobraran nada.

Las causas son varias, pero podríamos centrarlas en las siguientes:

•    La solicitud se realiza en situaciones de insolvencia extrema en su gran mayoría (con caja y existencias mínimas).
•    La gestión del circulante es inversa a la de cualquier negocio en gestión continuada (en un concurso, los pagos son al contado y los cobros, por desgracia, se dilatan en el tiempo).
•    Los activos por el mero hecho de estar en concurso pierden gran parte de su valor, y si están garantizando deudas, este valor puede ser incluso inferior al valor de estas, por lo que la venta de los mismos o la ejecución de garantías pueden no permitir el pago integro de las deudas garantizadas.
•    La dificultad de conseguir financiación de terceros.

Para ello, una solicitud realizada por una compañía en previsión de encontrarse en estado de insolvencia a corto plazo y que, inicialmente, se considere viable permitirá (i) mantener una tesorería suficiente para afrontar los pagos a realizar una vez admitido el concurso; (ii) asumir sus costes de la reestructuración; (iii) conservar cierta capacidad de negociación y (iv) no malvender activos para obtener liquidez; y, todo ello, con el ánimo de mantener una actividad con funcionamiento adecuado que le permita garantizar su futuro.

En definitiva, es cierto que el escenario ideal no pasa por el concurso o la suspensión de pagos, pero la utilización de esta herramienta de modo eficaz y previsor garantizaría la continuidad de nuestras empresas.

Decía Benjamín Franklin: “Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas”. En este sentido, utilizar los mecanismos contemplados por la LC, con la planificación y tiempo suficientes, no deben ser tomados como una opción, sino como una obligación para sobrevivir.




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Isaías González
Socio de ARGO Asociados, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.
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